¿Son las ONG caballos de Troya al servicio de intereses extranjeros? ¿Tienen una influencia excesiva o nociva? A continuación figuran algunos gobiernos que creen que sí y que por ello han introducido o podrían introducir medidas para aplacarlas.
Juicio en El Cairo a 20 activistas acusados de difamación, incluyendo a 5 periodistas del canal Al-Jazeera (Mohamed el Shahed/AFP/Getty Images).
Egipto: paso atrás
El presidente Abdelfatah al Sisi ha desempolvado una de las defensas del ex presidente Hosni Mubarak: la Ley de Asociaciones 84/2002, que obliga a las ONG a inscribirse en un registro oficial para así controlar y restringir sus actividades. En julio, el ministro de Solidaridad Social, responsable del registro, avisó a todas las organizaciones de que debían dar sus datos no más tarde del 2 de septiembre o enfrentarse a posibles cargos penales. El plazo se ha extendido hasta el 10 de noviembre y, mientras tanto, las críticas a la medida retumban dentro y fuera de Egipto.
La resucitada ley reanuda la persecución que sufría la sociedad civil egipcia bajo el mandato de Mubarak. Sus miembros, sobre todo los que trabajaban en el ámbito de los derechos humanos, fueron frecuentemente arrestados y acusados de espionaje y de fomentar el caldo de cultivo opositor que en última instancia llevó a la masiva revuelta popular de 2011 y al destronamiento del líder. Con la caída del mandatario, las ONG egipcias quisieron introducir una legislación favorable a su trabajo, pero la llegada de Al Sisi y la restauración de la antigua ley las ha devuelto al año cero. Según denuncian, en la sociedad civil egipcia ya sólo caben quienes son leales al régimen.
A su vez, el Gobierno ha introducido un decreto anti-terrorista que puede acarrear la cadena perpetua para aquéllos que reciban financiación extranjera para llevar a cabo actividades contrarias a la frágil armonía nacional. La medida está pensada no sólo para terroristas, sino también para ONG que se opongan al régimen. Las más perseguidas son aquellas que tienen afiliaciones religiosas o que puedan estar vinculadas a los Hermanos Musulmanes, archienemigos de Al Sisi. En su esfuerzo por borrar todo rastro de ese gran movimiento panislamista, el Ejecutivo considera necesario silenciar a la constelación de pequeñas organizaciones que sustentan su actividad y su discurso. La represión, además, no se dirige sólo contra los egipcios, sino que también un joven de nacionalidad estadounidense está entre rejas desde el año pasado por participar en una manifestación pacífica de apoyo a los Hermanos Musulmanes, sumándose así a los alrededor de 16.000 activistas detenidos.
Rusia: segunda poda
El presidente Vladímir Putin lo tiene claro: no quiere a magnates extranjeros regalando dinero a ONG rusas que censuran su mandato. Para frenar los dispendios occidentales que mantienen a flote a parte de la sociedad civil rusa más crítica, en 2012 el Kremlin introdujo la legislación 102766-6, obligando a las organizaciones que reciben fondos del exterior a registrarse ante las autoridades como “agentes extranjeros”. Esto no sólo sirve para ejercer un férreo control sobre sus actividades y para poder suspender su trabajo, sino también para imponer estrictos criterios de registro que dejan fuera a muchas organizaciones que trabajan en cuestiones sensibles para Moscú. A su vez, el registro per se es deliberadamente tedioso y burocrático, y las organizaciones deben después someterse a costosas auditorías. De forma general, la ley establece un vínculo claro entre la actividad de los “agentes extranjeros” y la política opositora, a pesar de que los miembros de las ONG señaladas lo nieguen.
La ley de 2012 ha sido el último esfuerzo del Kremlin por borrar la disidencia de las ONG rusas apuntaladas por magnates extranjeros. Pero llueve sobre mojado, porque ya en 2006 Moscú se encargó de hacer una primera y masiva purga de organizaciones de este tipo. Mediante aquella primera legislación de hace ocho años se cerraron al menos 400.000 organizaciones y asociaciones. Una poda que ahora parece en camino de reeditarse y que amenaza con extirpar a muchas de las organizaciones críticas que han surgido desde entonces.
Por su parte, Putin consigue que cale su mensaje sobre el peligro que supone que haya tan ingentes cantidades de dinero extranjero fluyendo hacia la sociedad civil rusa. Al poco de que entrara en vigor la legislación 102766-6, el mandatario aseguró que se habían transferido casi 1.000 millones de dólares desde el extranjero a organizaciones sin ánimo de lucro rusas en sólo cuatro meses. También señaló que la legislación no tiene el propósito de prohibir ni de restringir las actividades de las ONG, sino simplemente de hacer que se registren para que el pueblo ruso pueda ejercer su legítimo derecho de conocer de dónde vienen y en qué se emplean esos inmensos fondos extranjeros.
Abogados y activistas en Sri Lanka se manifiestan frente a la Corte Suprema en Colombo en protesta contra el Gobierno (S. Kodikara/AFP/Getty Images).
Sri Lanka: silenciando la reconciliación
Al presidente Rajapaksa tampoco le gusta nada que las ONG de financiación extranjera mantengan una excesiva influencia en Sri Lanka, sobre todo cuando el país atraviesa un lento y delicadísimo proceso de reconciliación nacional después de la derrota de los Tigres Tamiles en 2009. En julio se prohibió a las organizaciones sin ánimo de lucro que operan en el país llevar a cabo ruedas de prensa o seminarios, así como distribuir sus notas de prensa. El movimiento, así, se queda efectivamente mudo, pero no es sólo eso. También se les obliga a pasar por el escáner de las autoridades al tener que registrar anualmente datos sobre sus trabajadores, fuentes de financiación y objetivos.
Para las ONG del país, la medida es un intento ilegítimo de silenciarlas y de que cesen sus actividades mediante la asfixia regulatoria. La Asian Human Rights Commission considera que lo que pretende Rajapaksa con esta obligación es controlar a la oposición y destruir todo amago de libertad de expresión y de asociación en el país. El mandatario, al igual que han hecho otros, ampara la medida en la falta de transparencia de las fuentes de financiación de estas organizaciones. La preocupación por este asunto no es nueva; ya hace años las autoridades alertaron de que algunas organizaciones que recibían fondos extranjeros habían empleado hasta 10 millones de dólares para financiar actividades de apoyo a los Tigres Tamiles, cuando el dinero estaba destinado teóricamente a actividades de reconstrucción de las zonas afectadas por el tsunami de 2004.
Sean ciertas o falsas las alegaciones, lo cierto es que son suficientes para justificar una cierta paranoia gubernamental respecto al descontrol y voluminosidad de los flujos financieros que van a parar a las ONG. Sin embargo, silenciar a la sociedad civil no contribuye al objetivo prioritario de la reconciliación nacional entre la mayoría cingalesa y los tamiles, ya que ahonda en la falta de disposición del Gobierno a asumir sus errores y a desterrar la impunidad de quienes lucharon en sus filas.
Sudán del Sur: contra la segunda Administración
Sudán del Sur ha introducido un decreto que obliga a las ONG, y también a empresas con ánimo de lucro, a reemplazar a sus trabajadores extranjeros por nacionales del país. Ante las persistentes críticas, que alertaban de una expulsión en masa de los expatriados occidentales que abarrotan Juba, el Gobierno matizó su postura e informó vagamente de que este cambio en las plantillas debe acometerse sólo cuando sea posible encontrar a trabajadores locales capaces de asumir esas funciones.
La medida, presentada por el Gobierno como una legítima reivindicación del empleo local frente a la dependencia respecto a una masa expatriada con salarios astronómicos (al menos para los estrándares del país), es también un intento de diluir la excesiva preponderancia de agencias internacionales que son casi como una segunda Administración, al proporcionar servicios básicos de los que tendría que ocuparse un Ejecutivo lastrado por la corrupción y por el conflicto con los rebeldes. El ansia de las autoridades por imponerse a las todopoderosas ONG que gestionan de facto parte de las tareas gubernamentales podría haber aumentado recientemente, después de que se descubriera armamento en un convoy de Naciones Unidas que se dirigía a un territorio con fuerte presencia de los rebeldes (y decascos azules).
Las restricciones de Sudán del Sur a las actividades de las ONG extranjeras podrían parecer un asunto secundario en la miríada de problemas que sufre el país, si no fuera porque la labor de éstas es especialmente importante en algunas de las crisis más graves que afectan al joven Estado, como la hambruna que padecen más de un millón de sus habitantes. A su vez, Juba se plantea introducir legislación específicamente diseñada para supervisar las actividades de las ONG, y ha avisado a algunas de éstas de que no deben publicar de forma unilateral opiniones sobre la situación humanitaria del país, sino que tales declaraciones deben contar con la aprobación del Gobierno.
Activistas de Greenpeace en el momento de ser detenidas en Budapest (Attila Kisbenedk/AFP/Getty Images).
Hungría: alergia a las críticas
¿Miembros de la sociedad civil o activistas políticos a sueldo de fuerzas extranjeras? El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, cree que algunas de las organizaciones no gubernamentales que operan en el país con financiación foránea son más bien lo segundo. Es por eso que el pasado 9 de septiembre las autoridades protagonizaron una redada en las oficinas de dos ONG financiadas por Noruega, que fueron tomadas al asalto por policías que requisaron ordenadores y archivos y mantuvieron al personal incomunicado de manera temporal. La razón para llevar a cabo estos actos intimidatorios es la creencia del Gobierno de que estas organizaciones están canalizando fondos hacia grupos opositores, lo que ha llevado a que se investiguen los proyectos de casi sesenta ONG. El cerco del mandatario va más allá de los pequeños entes locales, ya que se ha atrevido incluso a apretar las tuercas a archiconocidas organizaciones internacionales con presencia en el país, como Transparencia Internacional (que había informado recientemente de un grave aumento de la corrupción en el país), al haber suspendido su autorización fiscal.
El Gobierno noruego ha calificado el asalto a las ONG a las que aporta fondos como un hostigamiento inaceptable, mientras que la UE no ha podido intervenir en el asunto porque los fondos son noruegos y no comunitarios. Sin embargo, la Unión es el escenario donde más encarnizadas son las críticas hacia las medidas húngaras de intimidación a las ONG. Y una conveniente piñata del descontento europeo es Tibor Navracsics, propuesto por Hungría como comisario de Educación, Cultura, Juventud y Ciudadanía, y que ha sido el primer candidato tumbado por el Parlamento Europeo. Abrasado por las críticas de los eurodiputados durante el examen de su candidatura, Navracsics tuvo que mostrar un tono conciliatorio, al asegurar que estaba dispuesto a forjar alianzas con ONG en diferentes ámbitos por el bien común de Bruselas. De poco ha servido ese intento de pragmatismo, que nada tiene que ver con el acoso de Orbán a las ONG. Éste, amparado supuestamente en la creencia de que estas organizaciones son caballos de Troya al servicio de intereses extranjeros, forma parte en realidad de la creciente deriva autoritaria del primer ministro y de su alergia a todas aquellas voces que cuestionan su labor.
India: trabas económicas
Hace casi cuarenta años que las ONG que operan en India necesitan permiso del Gobierno para recibir financiación extranjera (herencia de los temores sobre el intrusismo del FBI por parte de la entonces mandataria Indira Gandhi). En la actualidad, con un Gobierno de distinto signo ideológico y un líder que alberga grandes ambiciones económicas, se espera que estas organizaciones sufran nuevas restricciones por un motivo diferente: recientes informes de los servicios de inteligencia nacionales afirman que la actividad de algunas ONG financiadas por entes extranjeros están obstaculizando el crecimiento económico indio. Esto hace temer un endurecimiento de las reglas que gobiernan las actividades de las organizaciones, que además son muy activas en el país.
Como ejemplo, el citado informe se refiere a las actividades de la organización ecologista Greenpeace, cuyos alegatos antinucleares y otras protestas contra proyectos que podrían dañar el medio ambiente menguan entre un 2 y un 3% el crecimiento anual del PIB, por lo que el documento recomienda que se impida a la filial india de Greenpeace recibir contribuciones extranjeras. Las organizaciones cuestionadas se defienden y aseguran que tienen el derecho legítimo de pronunciarse en un país que es considerado como la mayor democracia del mundo.
Más allá de este rifirrafe y de las posibles acciones contra organizaciones con financiación extranjera, las autoridades indias van a tener que acomodarse a la labor creciente de la sociedad civil doméstica. En un país marcado por la pobreza pero que alberga a casi 120.000 “súper-ricos”, el desarrollo de la filantropía local está llamado a ser un elemento clave en los esfuerzos por el desarrollo y la lucha contra la miseria. Será interesante ver si la Administración se muestra con la influencia de sus compatriotas magnates igual de recelosa que con las actividades financiadas fuera de sus fronteras
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