¿Cuáles serán los efectos del Acuerdo de París en la lucha contra el cambio climático?
Un grupo de personas forman el símbolo de la paz en París bajo el lema “100% renovable”.
Martin Bureau/AFP/(Getty Images)
“Qué triste es pensar que la naturaleza habla y el ser humano no escucha”. Cuando Víctor Hugo escribió esta frase allá por el año 1840, nunca hubiera pensado que 176 años después, 147 jefes de Estado se reunirían en París para intentar llevarle la contraria. La Cumbre del Clima que concluyó el 12 de diciembre del pasado año, fue la muestra perfecta de que el modelo de gobernanza global es hoy en día una mezcla de la fuerza tradicional de los Estados y un complejo entramado de actores e instituciones que luchan por ejercer su influencia globalmente.
El resultado, ya conocido como el “Acuerdo de París” (AdP), es una representación perfecta del funcionamiento de este sistema y de cómo la legitimidad es cada vez más importante a la hora de desarrollar políticas de ámbito global. Pero también, de que la fuerza de los Estados y los intereses nacionales continúan siendo clave para entender cualquier acuerdo en el panorama internacional.
Los abrazos, las declaraciones grandilocuentes y una puesta en escena perfectamente estudiada, que rozó casi el espectáculo, fueron el pistoletazo de salida para un proceso que ha trascendido, en mucho, el contenido del acuerdo. El objetivo estaba bien definido, lanzar un mensaje claro a los actores económicos globales y generar expectativas en torno al mercado del clima. Con la idea de provocar un flujo masivo de inversores hacia nuevas áreas de negocio, que permitan el desarrollo de una economía verde. Sin embargo, una parte sustancial de la comunidad científica ve todavía con recelo el modelo promovido por la Conferencia de Naciones Unidas para el Cambio Climático (UNFCCC en sus siglas en inglés). Para entenderlo, debemos empezar por el principio.
¿Qué supone el acuerdo de París?
Sus 31 páginas son el resultado de un intenso trabajo por acomodar visiones e intereses muy diferentes que dejan las puertas demasiado abiertas para que los firmantes adecúen de manera voluntaria, pero vinculante, las metas y políticas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y frenar el progresivo incremento de la temperatura del planeta.
Por primera vez en los 21 años de historia de las “Conferencias de las partes” (COP), el acuerdo establece un límite al aumento de temperatura del planeta, “muy por debajo de 2º”. Además, asume que los esfuerzos comprometidos por todos los miembros en sus Contribuciones Previstas y Acordadas a Nivel Nacional (INDCs en sus siglas en inglés) son insuficientes y deben aumentar la ambición en los próximos años. Sin duda, reconocer el problema es una parte fundamental para poder solucionarlo.
Otro avance significativo es la aceptación del concepto de responsabilidad común pero diferenciada, promovida históricamente por India y las economías emergentes. Gracias a él los países responsables de las emisiones de CO2 deben tomar el liderazgo para frenar sus efectos. Sin embargo, el texto no solo establece responsabilidad histórica, sino que también abre las puertas a una participación más activa en las soluciones para el cambio climático por parte de las economías emergentes, difuminando ligeramente la separación entre economías en desarrollo y desarrolladas.
No todo son buenas noticias. El principal dilema radica en quién va a pagar la factura. Para ello el acuerdo establece la necesidad de que se genere un fondo global, con un mínimo de 100.000 millones de dólares americanos (unos 90.000 millones de euros) por año. Su destino sería cubrir la falta de financiación en países en desarrollo. Esta cantidad, de acuerdo con las conclusiones de la Agencia Internacional de la Energía, es 10 veces menor de lo necesario para poder realizar una transición hacia una economía verde. Por otro lado, el AdP no establece una metodología para contabilizar estos fondos, ni cómo serán gestionados y mucho menos quién será el beneficiario directo de los mismos. A esta incertidumbre, se suma además que no se ha incluido en el texto un mecanismo para valorar y monitorizar el progreso de las partes en sus compromisos de reducción de emisiones, lo que puede hacer aún más complicado todo el proceso de reparto de los recursos disponibles. Todas estas limitaciones, ya plasmadas en los anteriores intentos de canalizar inversiones hacia la acción climática, han generado una serie de efectos perversos que han promovido que la mayor parte de las inversiones se haya producido en países de renta media, dejando de lado a los más desfavorecidos.
En este sentido, el grupo de países menos desarrollados ha conseguido algunos logros. El acuerdo presta mayor atención a las cuestiones de adaptación al cambio climático, que pueden determinar también un mayor flujo de inversiones encaminadas a promover proyectos que impulsan la resiliencia respecto a los efectos producidos por las alteraciones del clima. Además, se ha incluido en el texto un reconocimiento explícito al concepto de “pérdidas y daños” sobre los efectos demoledores que algunos países ya han sufrido en el pasado, pero también se ha dejado claro que este reconocimiento no obliga a los desarrollados a ningún tipo de compensación.
En cualquier caso, nada garantiza que un mayor número de fondos vaya a paliar las necesidades de los más pobres en las regiones más aisladas del planeta.
¿Y ahora qué?
“Hoy lo celebramos. Mañana tenemos que actuar. Esto es lo que el mundo espera de nosotros”.
Con esta sencilla frase, el comisario de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, intentaba transmitir que el acuerdo no es el final del camino sino el principio de un proceso que cambiará sustancialmente la forma en que el mundo genera la energía que consume.
Una vez que sea ratificado (para entrar en vigor necesita ser aprobado por un 55% de los países que acumulen al menos un 55% de las emisiones) comenzará el reto de implementar políticas que garanticen una economía cada vez más alejada de los combustibles fósiles. En este sentido, los gobiernos deberán comenzar a trazar las líneas generales de lo que será el camino a seguir por el resto de agentes privados de la economía. Para ello el AdP, pone un especial énfasis en desarrollar y mejorar mecanismos de mercado que ayuden a distribuir responsabilidades sobre las emisiones de carbono. 35 países ya cuentan con un sistema de mercado de bonos de carbono para intentar generar incentivos que promuevan la utilización de energías verdes a través de estos mecanismos. China lo pondrá en funcionamiento a partir del año 2018 y Suráfrica está diseñando una legislación para imponer un sistema de impuestos al CO2. La Unión Europea también está inmersa en la creación de un mecanismo que permita controlar la cantidad de bonos en el mercado y poder así garantizar una estabilidad en los precios que fomenten la eficiencia energética.
Los efectos de París ya han comenzado a hacerse notar también en el ámbito privado. Muchos analistas relacionan los actuales precios del crudo con un proceso de desinversión en los combustibles fósiles. Mark Carney, gobernador del Banco de Inglaterra, advirtió a finales de 2015 de los riesgos que suponía seguir invirtiendo en el mercado del gas, el petróleo y el carbón en un escenario de políticas vinculadas al cambio climático, en un claro mensaje a los inversores. Siguiendo este argumento, grandes fondos de inversión han comenzado a movilizar flujos de capital fuera de los combustibles fósiles. En septiembre de 2015, el fondo de inversión de una de las mayores fortunas familiares de EE UU, Rockefeller Brothers Fund, concluyó un proceso de desinversión en cualquier producto financiero que estuviera vinculado a los combustibles fósiles. Los mercados han captado el mensaje y se espera que se genere un flujo de capital suficiente para financiar el enorme déficit de financiación necesario para conseguir los objetivos planteados en el acuerdo.
Pero, ¿es París realmente una solución?
El camino definido por el AdP es la afirmación de que el principal problema del planeta se puede simplificar a la emisión de carbono a la atmósfera. Por consiguiente, todas las soluciones van encaminadas a reducir el resultado entre el carbono emitido y el secuestrado, dando un papel
preponderante a los mercados para la generación de soluciones viables. Esto abre las puertas a continuar utilizando combustibles fósiles siempre que las emisiones puedan “secuestrarse”, ya sea vía forestal o con mecanismos de almacenamiento de carbón (CCS o BCCS en sus siglas en inglés). Todas las medidas tomadas por el acuerdo están pensadas para promover una transición energética de un modelo basado en combustibles fósiles a un modelo de generación a través de energías renovables. Pero ninguna de ellas se enfrenta a dos cuestiones fundamentales para entender el futuro del planeta: el cambio de un modelo económico basado en el consumo masivo de recursos naturales y el cambio en los hábitos de consumo energético de los individuos en los países en desarrollo.
En definitiva, la Cumbre del Clima de París será recordada como un punto de inflexión en la lucha contra el cambio climático. El impacto del mensaje de un mundo unido con un objetivo común es demasiado poderoso para ser obviado por los mercados. Los gobiernos deben ahora tomar un papel de liderazgo en la definición de políticas que guíen a los mercados, y no viceversa. No obstante, el resultado del acuerdo está muy lejos de generar un modelo que pueda acercarse al objetivo de una economía sostenible. Por el momento, y sin otras alternativas globales a la vista, el mundo tiene que conformarse con el triunfo de no fracasar.
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