Las mujeres latinoamericanas y
del Caribe realizan una actividad política y social cada vez más
importante. El futuro del continente está también en sus manos y desde
las instituciones se está incentivando su presencia. Por otra parte, la
violencia contra la población femenina sigue siendo una realidad
cotidiana.
El día que Dilma Rousseff
ganó las elecciones en Brasil, las portadas de los periódicos eligieron
la foto de la nueva presidenta arropada por el señor Lula, quien le da
un beso en la frente mientras rodea su cabeza con un gesto de ternura.
También Cristina Fernández de Kirchner tuvo a su lado en las portadas a
un hombre el día que pasó de ser Primera Dama a ser presidenta de
Argentina: su marido le ayudó a sostener y alzar el cetro presidencial.
Su gesto paternal sirvió para legitimar de forma simbólica la victoria
electoral de su esposa.
América Latina ha dado pasos
de gigante en estos últimos años hacia la igualdad: las presidencias de
Rousseff y Fernández, junto con las de Michelle Bachelet en Chile y la
de Laura Chinchilla en Costa Rica, han supuesto un hito histórico y
tienen un enorme valor simbólico. Sin embargo, la cuestión es si sus
liderazgos están contribuyendo al empoderamiento colectivo y a la
paridad democrática.
Las presidencias femeninas
apenas han transformado las estructuras de poder patriarcal de las
democracias de sus países, que siguen basadas en el modelo presidencial:
una figura de máxima jerarquía rodeada de un núcleo pequeño de gente
que toma decisiones. Las estadísticas nos demuestran que las mujeres de
América Latina y el Caribe han aumentado su tasa de participación
política en algunas áreas, principalmente en los parlamentos: en
Argentina el número de mujeres parlamentarias ha aumentado del 6% al
37,4% en diez años, según datos de la Comisión Económica para América
Latina (CEPAL) en 2014. En Costa Rica aumentó del 10% al 38%, en Chile
del 7,5% al 14,2% y en Brasil del 5 al 8%, país en el que también
aumentó el porcentaje de mujeres en los gabinetes ministeriales,
pasando del 10,7% al 22,6%.
En paralelo, se percibe un
ligero aumento de la participación de las mujeres en el ámbito de la
política local: el porcentaje promedio de concejalas de América Latina y
el Caribe aumentó desde
el 13.7% en 1998, al 25.2% en 2012. Muchos países, sin embargo, se
encuentran lejos de las cuotas de paridad: en Argentina, el número de
alcaldesas aumentó del 6 al 10%; en Chile, del 9 al 12%; en Bolivia, del
3 al 7%, según datos de CEPAL de este año.
Algunos países
latinoamericanos han puesto en marcha una serie de medidas para
incentivar la participación política de las mujeres, como por ejemplo
garantizar el acceso de miles de ellas a la obtención de papeles y
documentos legales o la aprobación de una ley para eliminar la violencia
y la discriminación hacia mujeres que participan en actividades
políticas. En Bolivia estas
medidas han supuesto un notable incremento de la participación de las
mujeres en sindicatos, partidos políticos, organizaciones vecinales,
corporaciones municipales y movimientos sociales.
Aunque las presidentas
acaparen los focos de atención, las organizaciones de mujeres están
jugando un papel fundamental en el camino hacia el desarrollo de toda
América Latina y el Caribe. Asuntos como el derecho al agua de las
poblaciones, el derecho a la tierra del campesinado, la soberanía
alimentaria, los derechos de los pueblos indígenas, la defensa del medio
ambiente, los derechos de la población LGBTQ, la lucha contra el
turismo sexual o la trata de mujeres y niñas son algunas de sus
demandas.
Bajo mi punto de vista, ellas
son las verdaderas protagonistas de los cambios en todo el continente.
Con su trabajo están contribuyendo al empoderamiento colectivo, porque
con sus luchas están aportando a la mejora y transformación de sus
comunidades, de sus países y de la región. Muchas organizaciones están
trabajando desde otros modelos de liderazgo femenino que no están
basados en figuras autoritarias que representan al resto. Cada vez son
más las mujeres latinoamericanas trabajando en redes horizontales,
locales, nacionales e internacionales y están experimentando diversas
metodologías de trabajo e equipo que involucran a toda la comunidad.
Este modelo participativo convierte a todos sus miembros en
beneficiarios y, a la vez, en actores principales de sus proyectos.
Los mayores obstáculos para
la igualdad en América Latina son la pobreza extrema, la discriminación
de las mujeres en todos los ámbitos de su vida -social, político,
económico, familiar- y la violencia que existe contra lideresas,
defensoras de derechos humanos, activistas y periodistas. Los datos nos
demuestran que el desarrollo no es posible sin el empoderamiento
femenino: en la medida en que se avanza hacia el logro efectivo de los
derechos de las mujeres, se logra mejorar la situación y calidad de vida
de la población entera. En aquellos países de América Latina y el
Caribe donde se ha dado un incremento de la participación de las mujeres
en el mercado laboral, disminuyó la pobreza: un 70% en Chile, un 120%
en Ecuador, un 103% en México.
Una de las principales causas
de la pobreza extrema en el continente es el desigual reparto de las
tierras: ellas poseen tan solo el 20% de las tierras, mientras que los
hombres poseen el 80% según datos de la FAO de 2011. Paraguay, por
ejemplo, es el país más pobre de América Latina: sólo un 2% de la
población tiene el 80% de las tierras y de ese porcentaje la gran
mayoría son hombres. Son muchas las organizaciones que están trabajando
en esta área para garantizar a las mujeres su derecho a la titularidad
de las tierras, pero es esencial que los gobiernos latinoamericanos
garanticen, mediante leyes y políticas públicas, la titularidad de las
tierras, el acceso al agua, y los derechos humanos de las mujeres en
todos los ámbitos: empresarial, judicial, económico, social, político,
cultural.
En el ámbito laboral, los
Estados deben de seguir trabajando para reducir la brecha salarial y
dignificar y mejorar las condiciones laborales de las mujeres. La mayor
parte de las latinoamericanas, además, sufren serias dificultades para
conciliar su vida laboral y familiar. Una situación que limita su
capacidad para participar en política: la sobrecarga de trabajo femenino
y la conciliación laboral son dos de los grandes desafíos de las
políticas públicas de los gobiernos actuales en América Latina y el
Caribe, según ONU Mujeres.
Las tasas de violencia contra
las mujeres son otro indicador del largo camino que nos queda por
recorrer para alcanzar la igualdad y para garantizar los derechos
humanos de la mitad de la población del continente latinoamericano. Un
reciente estudio de la Organización Panamericana de la Salud señala que
entre el 17% y el 53% de mujeres de doce países de América Latina y el
Caribe han reportado haber sufrido violencia sexual o física de parte de
un compañero íntimo. El mismo estudio también indica que 2 de cada 3 mujeres son asesinadas en Centroamérica por el hecho de ser mujeres.
En el informe de la oficina
de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC, en sus siglas en
inglés) sobre los feminicidios cometidos en todo el mundo, se muestra
cómo 14 países de la región se encuentran entre los 25 países con los
mayores índices. El Salvador ocupa el primer lugar, Guatemala el tercero
y Honduras el séptimo. Más de las tres cuartas partes de los países de
la región ya están ejecutando políticasy/o
planes nacionales contra la violencia de género en todas sus formas:
feminicidio, trata de personas con fines de explotación sexual o tráfico
de personas migrantes, entre otros.
Por su parte, los informes de
la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas estiman que más de
cinco millones de mujeres y niñas son víctimas de trata de personas en
América Latina y el Caribe, más de 500.000 de todos esos casos tienen
lugar en México. En el país americano, según el Informe Sombra 2010
realizado por CATWLAC (Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en
América Latina y el Caribe), desaparecen cada mes más de 60 mujeres y
niñas. México es
el país latinoamericano con las tasas más altas de violencia contra las
mujeres: los feminicidios aumentaron un 106,6% desde el año 2007 hasta
la actualidad.
Estas terribles cifras han
tenido impacto en la comunidad internacional y en la cooperación al
desarrollo: la lucha contra los feminicidios, la explotación, la pobreza
y la violencia contra las mujeres son algunos de los objetivos
prioritarios de la agenda post 2015 de los ODM (Objetivos de Desarrollo
del Milenio). Todos los organismos internacionales coinciden en la
necesidad de contar con las mujeres y sus organizaciones en el camino
hacia el desarrollo y la paz, pues hasta hace poco no se las ha
reconocido como protagonistas de la transformación que se está llevando a
cabo en América Latina.
Las industrias culturales y
los medios de comunicación deben asumir también la responsabilidad
social y política que tienen para impulsar cambios mostrando el
protagonismo de las mujeres, visibilizando, documentando y difundiendo
el trabajo de las organizaciones y los colectivos de mujeres.
En el ámbito político y
legislativo, es necesario despatriarcalizar y descentralizar el poder
político; al mismo tiempo se debe abrir el camino hacia la consolidación
de modelos democráticos más plurales, participativos, abiertos e
inclusivos. El camino hacia la igualdad y el desarrollo pasa por la
creación de espacios de participación ciudadana, redes de trabajo
horizontales, canales de comunicación entre organizaciones de base y los
gobiernos e instituciones, espacios de debate locales, nacionales y
regionales en las que las organizaciones de mujeres y las mixtas puedan
ampliar su capacidad de incidencia política.
Es fundamental aprovechar
todo el potencial y el trabajo de las redes feministas y los colectivos
de mujeres en toda América Latina y el Caribe, pues están jugando un
papel fundamental en el camino hacia la igualdad, la paz y el
desarrollo. Ellas no pisan alfombras rojas ni lucen en las portadas,
pero son, sin duda, las verdaderas protagonistas del cambio en todo el
continente.
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