La Mezquita de Córdoba fue construida entre los años 780 y 785 por
Abderramán I. Doce siglos después, el 2 de marzo de 2006, la Iglesia Católica
inscribió el inmueble a su nombre en el registro de la propiedad número cuatro
de Córdoba (tomo 2381, libro 155, folio 198). El trámite costó apenas 30 euros.
Tal robo fue posible por dos milagros. El primero, que José María
Aznar cambió la ley hipotecaria en 1998 para permitir a la Iglesia apropiarse
de edificios de dominio público, aunque sean patrimonio de todos los
españoles: basta con que el señor obispo dé fe y certifique que pertenecen a la
Iglesia, sin necesidad de notario. El segundo milagro, que disponer de un
edificio de 23.400 metros en pleno centro de Córdoba le sale gratis a la
Iglesia: no paga el IBI y tampoco se ocupa de los gastos de conservación.
La entrada en la Mezquita de Córdoba cuesta 8 euros por persona; al año recibe
más de un millón de visitantes. No te entregan factura y es dudoso
que el dinero recaudado pague impuestos: se considera un donativo y, como tal,
está exento de tributación. El obispado de Córdoba dispone de la Mezquita como
su absoluta propiedad. También decide quién puede trabajar en ella como guía y
quién no. No es raro que haya días en los que se cierre el acceso a los
turistas porque hay, por ejemplo, una convención de sacerdotes en su interior.
Sin embargo, los gastos de restauración y conservación no los paga la Iglesia: los cubre el
Estado.
Desde 1998, la Iglesia ha
inscrito a su nombre cientos de edificios, muchos de ellos
financiados por los vecinos de cada pueblo o ciudad. Zapatero no cambió la ley
en ocho años, Rubalcaba
prometió reformarla en su programa electoral. Es improbable que tal
abuso lo vaya a eliminar el PP pero, con algo de suerte, tal vez la Unión
Europea obligue al Gobierno a cobrar el IBI
a la Iglesia, igual que ha hecho con Italia. No es poco dinero. Que
la Iglesia esté exenta de pagar algunos impuestos, un privilegio
medieval, nos cuesta 3.000 millones de euros al año, según Europa
Laica. Es una décima parte del déficit que le falta por recortar a
Rajoy.
(*) Ignacio Escolar es periodista. Nació
en Burgos, el 20 de diciembre de 1975, aunque la mayor parte de su vida lo ha
pasado en Madrid. Es también analista político en varios programas de televisión.
Lleva trabajando de periodista desde 1995 y ha pasado por varias redacciones de
prensa escrita, televisión, radio e Internet.
En septiembre de 2010 publicó su primer ensayo: La Nación inventada, una
historia diferente de Castilla. Ha publicado algunos artículos de
opinión en The Guardian, en
Reino Unido, y también varias informaciones en Clarín, en Argentina.
Fui el primer director del diario
Público desde su salida, el 26 de septiembre de 2007, hasta su destitución, en enero de
2009.
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