Cada día que pasa, nuevas revelaciones agravan todavía
más el conocido como “asunto Laftit”. Además de algunos partidos políticos que
exigen, unos, explicaciones, otros una
enmienda a los textos que autorizan el acceso al título inmobiliario estatal ,la lista de los que llamados
“servidores del estado” y a los que los marroquíes llaman “los que se sirven
del estado” crece y se extiende.
La prensa habla de la existencia de nuevos documentos que implican a
responsables de diferentes partes que hayan beneficiado de las mismas ventajas
que los que se conocen hasta ahora.
Miembros del gobierno, jefes de
organismos públicos, jefes de empresas públicas
o semi-publicas, oficiales superiores de las Fuerzas armadas reales. Todos, según
fuentes concordantes, han beneficiado de terrenos en la misma y elegante zona
de Rabat y al mismo precio.
En su análisis al respecto “Le360” señala que las reacciones de los
diferentes partidos políticos varían, entre las que piden acceso equitativo
entre los componentes de la sociedad a las ventajas sobre los bienes del
estado, los que instan a una explicación del gobierno ante el Parlamento y a
los que consideran que el jefe del gobierno debe anular el decreto que acuerda ventajas a los llamados “servidores del Estado”.
Prensa y partidos políticos aparte, la reacción popular se extiende
como una mancha de aceite. Ante tan enorme escándalo, los marroquíes son cada
vez más numerosos en solicitar, primero
explicaciones y luego dimisiones para llegar a la determinación de
responsabilidades.
Lo cierto hoy por hoy es que se trata de la imagen del país, de la relación
entre los administradores y los administrados y de la credibilidad de un “establisment”
que en espera del desenlace del asunto todo está puesto en tela de juicio.
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