El martes pasado
era hora de balances para el titular de la Justicia y de las Libertades,
Mostafa Remid, el cual, en compañía del jefe del Gobierno, Abdeilah Benkiran
(lo que demuestra el interés y la trascendencia del tema de la Justicia para el
PJD) dio una rueda de prensa en el Instituto superior de la magistratura. Tema:
evolución y reforma del sistema judicial en Marruecos (desde que el PJD dirige
el gobierno).
Quizás,
entre lo más importante de este, como lo ha calificado un periodista de la oposición
“campaña electoral prematura” fue justamente la revelación por el jefe del
gobierno de que va a solicitar del rey Mohamed VI “cualquiera que sea el
resultado de las próximas elecciones” mantener al actual titular de Justicia,
el islamista Mostafa Remid en su cargo “para concluir la reformas que ha
iniciado exitosamente”.
Por lo demás, el proyecto de la reforma profunda y
global del sistema de justicia en Marruecos está conforme a la Constitución del
país que ha consagrado el principio de una justicia independiente de los
poderes legislativo y ejecutivo y reforzado su papel en materia de protección de
los derechos y libertades de los individuos y de grupos.
La extrema importancia de esta reforma, según sus diseñadores (del PJD) se debe, según ellos,
al papel vital que juega la justicia en la edificación democrática, la consolidación
de la estabilidad social, el refuerzo del desarrollo económico y la protección de
los derechos y obligaciones de los marroquíes y de los operadores económicos y
sociales. Se debe asimismo a que constituye el ultimo recurso para preservar
los derechos y libertades y garantizar su ejercicio efectivo, realizar la
seguridad judicial, consagrar la supremacía de la ley y consolidar la
confianza inherente de impulsar y
estimular la iniciativa y la inversión.
“Off the record” algunos próximos del ministro
reconocen “enormes y casi insuperables dificultades con algunos para seguir con
el proyecto de reforma” que al final y, según ellos, a trancas y barrancas se
ha logrado asociar a las diferentes potencialidades a la responsabilidad de
reforma de este sector en Marruecos, tanto en lo que se refiere a los
magistrados, secretarios judiciales, abogados, notarios, los substitutos, los
expertos o asociaciones de la sociedad civil activas en el dominio.
Se trataba, según el propio ministro de Justicia, de
llegar a un consenso social en torno a la reforma de la justicia, de manera a
poner en pie una hoja de ruta para el sector, en el marco de una concepción participativa
e inclusive, haciendo de la reforma de la justicia un centro de interés para
todos los componentes de la sociedad marroquí.
De hecho los principales ejes de este proyecto de
reforma judicial en Marruecos son:
-
Consolidar la confianza y la credibilidad de una
justicia independiente, integrada y eficiente, reforzando su papel en la garantía
del ejercicio de los derechos y libertades y en la puesta en pie de condiciones
de juicios equitativos.
-
Facilitar el acceso de los marroquíes a la justicia
y al derecho, reforzando la transparencia y la calidad de los servicios judiciales
y garantizando la diligencia de los procedimientos.
-
Y finalmente adecuar el sistema judicial y
modernizarlo al servicio del marroquí y de las exigencias de desarrollo.
-
¿Se puede obtener estos resultados a corto, medio o
largo plazo? O mejor dicho: ¿Se han obtenido algunos resultados en los anos que
lleva Mostafa Remid al frente del ministerio de justicia y con este proyecto de
reforma judicial en el país?
- La
respuesta podría ser si, pero muy difícilmente, porque se han dado algunos
pasos y se ha avanzado a paso de tortuga pero en algunos aspectos como en la justicia
militar toda una hazaña.
¿A qué nos referimos?
Evidentemente al proyecto de ley sobre
la justicia militar adoptado en consejo de ministros y que los parlamentarios
han validado este importante avance en términos de justicia y de derechos
humanos.
Un proyecto que tiende a armonizar la legislación
nacional relativa a la justicia militar con las disposiciones de la Constitución
y los principios y normas internacionales en vigor en este dominio, a traducir
en hechos los compromisos constitucionales e internacionales de Marruecos en
materia de edificación del estado de derecho, de protección y de promoción de
derechos humanos y la letra de la Constitución de Marruecos y a consagrar las
condiciones y garantías de un proceso equitativo ante todos los tribunales del país.
De esta forma este proyecto introduce profundos
cambios tendentes a promover la justicia militar, distinguiéndola del modelo
del tribunal de excepción y de inscribirla entre las instituciones judiciales especializadas,
garantes de derechos y de las libertades en lo que concierne a la competencia,
la organización y los procedimientos así como la composición de la Corte del
tribunal militar.
En esta óptica, el proyecto prevé
excluir a los civiles de la competencia del tribunal militar cualquiera que sea
el crimen cometido.
Prevé también excluir a los militares
de la competencia del tribunal militar si cometen crímenes de derecho común.
De tal modo que si ha logrado este
gran “avance” en unas arenas tan movedizas como el dominio militar, todas las
esperanza están permitidas para esperar que con los civiles no va a ser tan difícil.
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