La Corte Penal Internacional: ¿la justicia universal es posible? 12 agosto 2015 Inder Bugarin (Esglobal)

“La justicia global avanza a contracorriente”

Definitivamente. Lo que se inició como un proyecto teórico hoy es una realidad. Se ha alcanzado mucho desde la celebración de la Conferencia de Plenipotenciarios de Naciones Unidas sobre el Establecimiento de la Corte Penal Internacional, llevada a cabo en Roma en 1998, hasta la entrada en vigor del Estatuto en 2002.

 

El avance más visible es el aumento del número de Estados parte. Arrancó con 89 ratificaciones el día formal de su inauguración y hoy cuenta con 123 países. Para que la Corte pueda desarrollar exitosamente este proyecto universal, se necesita que cada vez más naciones del mundo formen parte del organismo.

Igualmente ha crecido el número de intervenciones. Después de abrir en 2003 su primer caso por los crímenes cometidos en Ituri, provincia del noroeste de la República Democrática del Congo y una de las regiones más sanguinarias del planeta gobernada por milicias y delincuentes, acumula siete investigaciones más, de las cuales dos son remisiones estatales, Uganda del Norte y la República Centroafricana; dos iniciativas del fiscal especial, Kenia y Costa de Marfil, y dos del Consejo de Seguridad de la ONU, Darfur y Libia.

Cada uno de estos casos certifica que la CPI sólo interferirá cuando un país no esté dispuesto o sea incapaz de juzgar a sus propios nacionales responsables de los crímenes más graves que preocupan a la comunidad internacional. Todos los miembros de la OTAN han entendido esto con excepción de Turquía y Estados Unidos.

La contribución de La Haya no se limita a sus investigaciones y al análisis de situaciones que inquietan a la comunidad internacional, como ocurre en el caso Colombia y Honduras, que forman parte de los ocho archivos bajo evaluación. La implementación del Estatuto de la CPI ha fortalecido las legislaciones internas de los países firmantes con relación a los crímenes más severos registrados por la humanidad. Además, la posibilidad de un juicio internacional ha incrementado la probabilidad de que un Estado atienda estos casos a nivel interno.