La Corte Penal Internacional: ¿la justicia universal es posible? 12 agosto 2015 Inder Bugarin (Esglobal)

Familiares de las víctimas de la violencia desatada en Costa de Marfil tras las elecciones de 2011 protestan contra la Corte Penal Internacional. El cartel dice: “ICC, ¿dónde está tu credibilidad? Sia Kambou/AFP/Getty Images

La Corte Penal Internacional (CPI) está lejos de ser el organismo global diseñado para perseguir a responsables de crímenes contra la humanidad, como prometió durante su establecimiento en 1998. La incapacidad de La Haya para castigar a genocidas se ilustra con el caso del presidente de Sudán, Omar al Bashir, quien se ha paseado por África a pesar de que enfrenta una orden de arresto internacional desde hace seis años.

“La Corte Penal está fracasando”

Sí en el caso Omar al Bashir. A pesar de enfrentar orden de entrega y captura internacional por genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra presuntamente cometidos en la región de Darfur, el líder sudanés se ha pasado por 18 países en completa impunidad. Incluso ha visitado seis Estados miembros de la Corte Penal Internacional (Chad, Nigeria, Congo, Kenia, Malaui y Suráfrica), quienes en teoría están obligados a cumplir las órdenes de los magistrados del organismo.

Esto ha sido posible porque todo depende de que alguien se atreva a detenerlo, lo cual es poco probable. La justicia internacional no opera como las justicias nacionales, no es como acatar la orden de arresto contra un terrorista o narcotraficante transnacional, quien es detenido para evitar que siga propagando el daño causado por su actividad delictiva. En el caso de los dictadores es distinto, puesto que su captura podría desatar grandes disturbios en el interior de sus países o desencadenar conflictos transfronterizos.

Al Bashir no aparecerá en el banquillo de los acusados mientras continúe en el poder. De manera que aquellos que reclaman justicia deben ser pacientes y esperar como ocurrió con el ex presidente serbio Slobodan Milosevic, el líder serbobosnio Radovan Karadzic y el ex Presidente de Liberia Charles Taylor; todos testimonios de que la impunidad tarde o temprano llega a su final.

Por ahora, habrá que conformarse con la incomodidad que genera para el Presidente sudanés el tener que elegir cuidadosamente sus destinos en el extranjero y viajar siempre escoltado por dos aeronaves de combate para evitar que su avión presidencial sea interceptado en el espacio aéreo.

“La CPI no es bienvenida en África”

Algo hay de cierto. Si la Corte, por ejemplo, pidiera el arresto de altos mandos israelíes que hubieran cometido crímenes en Palestina, o de militares rusos por supuestos actos de limpieza étnica en territorios de soberanía georgiana, entre 1993 y 2008, tal vez muchos países africanos reticentes a cooperar cambiarían de opinión.

Sin embargo, debido a que todos los casos abiertos hasta ahora son africanos, ocho en total, los detractores del organismo han tenido municiones de sobra para alterar la percepción que se tiene en África sobre la CPI, presentándola como un órgano colonialista empeñado en criminalizar a un continente.

Mandatarios como el de Uganda, Yoweri Museveni, en el poder desde 1986; de Eritrea, Isaías Afwerki, en el mando desde 1992, y el de Ruanda, Paul Kagame, han atacado a la institución acusándola de “racista”, “contraproducente”, “hipócrita” y “selectiva”. La Unión Africana igualmente ha sido hostil hacia el organismo, socavando el derecho internacional anteponiendo los intereses de una clase política que se resiste al cambio.

La Corte seguirá acumulando fiascos como el de Al Bashir o el del presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, caso al que tuvo que renunciar por no reunir suficientes pruebas para verificar sus acusaciones, hasta que demuestre que no se fija sólo en los delitos cometidos en África. La Corte reforzaría su credibilidad si muestra que está dispuesta a pedirle cuentas a naciones de otros hemisferios.