A falta de candidatos creíbles
para los próximos comicios, algunos partidos políticos marroquíes no han encontrado
mejor solución que la de recurrir a, según “Le360” “pretendientes con antecedentes judiciales”.
Citando el diario “El Massa’e”
el sitio informativo electrónico afirma que “listas de partidos políticos
completadas con reincidentes”. Según el rotativo casablanqués muchos partidos políticos
han recurrido, efectivamente a” desvenas de reincidentes” para llenar sus
listas para las elecciones comunales y regionales previstas para el 4 de
septiembre próximo”. Estas formaciones políticas nacionales han decidido, de
esta forma, explotar esta vía para hacer frente a “una inesperada falta de
nuevos rostros” y nuevas candidaturas.
Esta situación, según Al Massa’e
ha facilitado el retorno de muchos nombres, algunos de los cuales son tristemente
conocidos a escala nacional y que habían sido objeto antes de una lista de “proscritos”
que el ministerio del Interior había publicado.
Contactados por “Le360”,
responsables del PJD, PPS y PAM han asegurado que “hasta ahora no han dado
ninguna acreditación a reincidentes o a personas con juicios en curso”.
De hecho, el diario marroquí
ni precisa los partidos concernidos ni algunos nombres de sus
reincidentes-candidatos.
No obstante, citando sus
fuentes, Al Massa’e afirma que las cabezas de lista han elegido, en efecto,
asociar a sus candidatos, gente que tiene o haya tenido problemas con la
justicia, entre ellos parlamentarios y dirigentes, esperando realizar “un buen
resultado” durante las próximas elecciones comunales y regionales.
En previsiones del diario, las
ciudades de Salé y Casablanca podrían ser las más afectadas por esta bofetada a
los valores políticos en el país.
“El retorno de estos
reincidentes a la escena electoral asestaría un duro golpe a lo que queda aun
de credibilidad a las elecciones en Marruecos”, escribe Al Massa’e que recuerda
que actores políticos nacionales habían advertido contra este problema conocido
por la Inspección
general de la administración territorial, dependiente del ministerio del Interior, limitándose ésta
a sanciones administrativas sin erradicar realmente el mal a través del recurso
a los tribunales, lo que implícitamente apunta hacia las colectividades locales
en los que algunos electos, sospechosos de mala gestión y corrupción nunca
fueron inquietados por la justicia.
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