Marruecos/Declaración obligatoria del patrimonio Un plazo para la presentación

El secretario general del gobierno, Dris Dahak ha instado a los miembros del gobierno y a los jefes de sus gabinetes a presentar sus declaraciones de patrimonio antes del fin del mes en curso.

 

Dahak, según “Al Akhbar” citado esta mañana por “Le360” ha dirigido una carta a los ministros pidiéndoles hacerle llegar antes del fin de este mes de febrero una lista de los responsables de sus sectores para trasmitirla al tribunal de cuentas.

El secretario general del gobierno, según la citada publicación, pidió a los miembros del gobierno renovar la declaración obligatoria del patrimonio (DOP), exhortándolos, al mismo tiempo a establecer una lista de sus jefes de gabinete y trasmitirle la declaración de sus patrimonios.

Las categorías concernidas por la declaración obligatoria del patrimonio son las que ejercen funciones gubernamentales y asimiladas. Es decir: los jefes de gobierno, los ministros, los ministros delegados y los secretarios de Estado, en otro caso, las personalidades asimiladas a los miembros del gobierno y los jefes de gabinete de los miembros del gobierno.

Se trata igualmente de los miembros del Consejo constitucional, representantes y consejeros del parlamento, magistrados de los tribunales del país, magistrados de jurisdicciones financieras, miembros del Consejo superior de comunicación audiovisual, algunos concejales y electos de cámaras profesionales y algunos funcionarios o agentes públicos.

En este contexto, Dahak ha acordado, según el rotativo, un plazo de una semana para 39 ministros, 3 altos comisarios, 45 secretarios generales, 40 inspectores generales y 39 jefes de gabinete y más de 220 directores centrales en los diferentes ministerios con vistas a presentar la declaración complementaria de su patrimonio.

El irrespeto de la obligación de la presentación de la declaración obligatoria del patrimonio y de los plazos impartidos a esta presentación entrañaría sanciones que pueden llegar hasta la destitución de la función de ministro. Este dispositivo jurídico tiene por finalidad moralizar la vida pública y consagrar los principios de responsabilidad, transparencia y protección de los fondos públicos.