En su edición de este fin de semana, el diario
« Al Masa’e » revela un verdadero “agujero” presupuestario. Con el
revelador titulo de “Altos responsables implicados en la percepción de
indemnizaciones ilegales de cientos de millones” el diario, a base de fuentes
anónimas, revela que decenas de funcionarios deben restituir centenares de
millones pagados por el tesoro nacional a lo largo de anos pasados, a veces de
manera fraudalosa, regateando los procedimientos legales.
Se trata de altos cargos nombrados por Dari
(decreto real): desde directores centrales hasta jefes de servicios pasando por
directores regionales en los diferentes departamentos, que benefician de una
indemnización de vivienda que oscila entre 7 000 y 10 000 cuando
muchos de ellos viven en viviendas de función (del Estado). Sin embargo la ley
es explicita al respecto: un funcionario debe llenar un formulario que debe
dirigir al ministerio de Finanzas y a la Dirección de aduanas, para no beneficiar
indebidamente de la indemnización de vivienda. Y su esto no bastara, algunos
funcionarios se benefician incluso de indemnizaciones sobre el consumo de agua
y electricidad cuando en realidad residen en villas lujosas de función.
“Al Massa’e” estima que las personas que han abusado
del sistema establecido deberán “restituir los fondos usurpados durante anos
sin tener derechos a ellos” a falta de lo cual “serán objeto de medidas
disciplinarias o jurídicas”.
El diario da cuenta de que un ministerio ha enviado una correspondencia al
titular de Economía y Finanzas, denunciando estos “disfuncionamientos”. A raíz
de esta misiva el departamento concernido ha abierto, hace meses, una
investigación que no ha llegado, hasta ahora, a ninguna conclusión tangible, en
razón de las personalidades incriminadas, una decisión debe ser tomada a nivel
de la presidencia del gobierno que también esta tardando mucho.
En una administración emplomada por el peso de la
masa salarial, el descubrimiento de este abuso presupuestario prueba hasta qué
punto la nacionalización brilla por su ausencia en medio de la burocracia marroquí.
Para ello, como lo señala hoy “Le360”, el jefe
del gobierno, cuyo partido (PJD) enarbolaba en su programa electoral y sigue haciéndolo)
enarbola la lucha contra la prevaricación y el mal funcionamiento
(disfuncionamiento) debe intervenir para jugar el papel de catalizador a fin de
volver a dar la esperanza a un pueblo
que esta a punto de perderla.
Por ello no solo se debe tomar medidas disciplinarias,
sino también judiciales porque se trata de una malversación a nivel nacional,
un robo al Estado (crimen financiero) y un atentado contra el contribuyente marroquí
y su poder adquisitivo
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