El senado francés votó ayer (martes 22 de octubre) una ley tendente a
permitir la posibilidad de reunir al Parlamento en Alta Corte, que podría, en
caso de incumplimiento o infracción graves, destituir a un presidente de la República.
Lejos de ser una realidad al alcance de la mano, la ley, como todas las leyes
francesas en este sentido y oxiden tales en general no constituye más que un
ejercicio destinado a impresionar por la madurez democrática y dar ejemplos que
nunca llegan a concretarse.
Naturalmente, con sus mil y un reveses, tanto sobre el plano interior (como
dijo el ex ministro, Benoît Hamon “la política del ejecutivo amenaza a la república y conduce hacia un ‘inmenso
desastre democrático’ en el 2017”,
como exterior, especialmente en materia de política exterior (asuntos
exteriores de Francia se ha convertido con François Hollande y su titular
Laurent Fabius en un servicio del departamento de Estado americano)
Tanto en Libia con Nicolas Sarkozy como en Siria con François Hollande,
Francia se ha erigido como una potencia anti-árabe en busca de estrechos intereses
y de migajas de los principales actores en oriente Medio, como Estados Unidos,
Rusia y hasta el Reino Unido.
Lo corroboran los sondeos, unánimes, desde hace meses en que el 80/ de los
franceses estiman que “Hollande no es un buen presidente”.
El sueño de algunos responsables políticos, según “Le Figaro” toma cuerpo y
forma en el senado. Los parlamentarios adoptaron un proyecto de ley que fija
las modalidades de destitución del jefe del Estado por el Parlamento. Se trata
de medidas que se derivan de la reforma constitucional del 2007, pero que hasta
ahora no habían sido puestas en pie.
En enero del 2012, la Asamblea
nacional francesa había votado este proyecto de ley orgánica. Por 324 votos por
y 18 en contra (los votos de los 18 senadores comunistas), el senado adopto fácilmente
este texto. Ahora debe ser presentado ante el Consejo constitucional antes de
ser promulgado.
Un vivo debate tiene lugar actualmente en Francia y el jefe del Estado debe
dar una audición a los miembros de la comisión y participar en el debate. De hecho,
esta Alta Corte de parlamentarios tiene un mes para examinar la destitución del
presidente de la Republica
a través de un voto.
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