El
ejecutivo catalán ha decidido finalmente renunciar al referéndum sobre la
independencia, juzgado inconstitucional por Madrid, que había previsto para el
9 de noviembre próximo.
El presidente de Cataluña Artur Mas debía comparecer esta mañana ante la
prensa para explicar su nueva propuesta alternativa.
Quedan ahora posibilidades, una de las cuales en la misma fecha (9 de
noviembre) puedan ser convocados plenos simultáneos en el Parlement y en los
ayuntamientos catalanes para reivindicar el derecho de decidir y otra podría
consistir en realizar en toda Cataluña una consulta como la que se celebro de
forma informal en municipios como Arenys de Munt, Barcelona.
A pesar de las declaraciones de las diversas personalidades
independentistas como Felip Puig, encargado especialmente de las empresas en el
ejecutivo regional dirigido por el nacionalista Artur Mas quien dijo que “Cataluña
esta determinada a manifestar sus deseos a través de las vías legal y pacifica…”
lo cierto es que se esta lejos de preparar las etapas indispensables para la organización
de un voto en este sentido, como, por ejemplo, la publicación de la lista de votantes
o incluso los establecimientos donde se colocaran las urnas o la designación de
las personas encargadas de velar por el escrutinio, lo que, evidentemente comprometería
la credibilidad del escrutinio.
Mas se había comprometido a permanecer en la legalidad, pese a la presión del
ala izquierda de la coalición favorable al referéndum, Ezquerra republicana
(ERC) de optar por la “desobediencia civil”.
Contrariamente al gobierno británico, que había autorizado la celebración,
el 18 de septiembre pasado de un referéndum en Escocia, que desemboco en un
rotundo NO a la independencia, Madrid se opuso firmemente a la organización de
una consulta en Cataluña.
Según el gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy, Cataluña, donde viven
unos 7 millones y medio de habitantes y que produce la quinta parte de la
riqueza nacional con su identidad fuertemente marcada, no puede pronunciarse
sola sobre una eventual secesión, habida cuenta de que la Constitución del país
vecino exige que las cuestiones de soberanía nacional incumban al conjunto de
la población española.
Pese a lo cual Rajoy ha renovado recientemente y reiterado su propuesta a
un dialogo “en el respeto de la ley”.
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