No cabe duda, en materia de la
justicia, Marruecos avanza, eso si, lenta y tímidamente, pero inexorablemente.
Después de muchas otras
medidas que han suscitado la admiración de muchos países en los que la
independencia de la justicia está cabalmente arraigada y que se quejaban
(siguen quejándose hasta ahora) de que la justicia en Maruecos constituye una
de las materias pendientes del país y de su gobierno, el ministro de Justicia
ordeno la apertura de una investigación judicial contra 5 establecimientos públicos
y 16 comunas a raíz de infracciones penales constatadas por el tribunal de cuentas
en la gestión a titulo del ano 2012, lo que, por ser una primicia, puede
presagiar el comienzo del fin de la impunidad en Marruecos, especialmente en el
sector publico y semi-publico.
El titular de Justicia, Mistada
R’mid ordenó el lunes pasado al ministerio fiscal de Rabat la apertura de una investigación
judicial contra los citados 5 establecimientos públicos y las 16 comunas más
otros dos expedientes relativos a la mala gestión.
“Le360” cree saber que, según las
primeras indiscreciones, los nuevos expedientes concernirían a la Escuela de minas de Rabat,
filiales de Al Oran, la caja de Compensación, la caja marroquí de jubilación,
la oficina de aeropuertos y la
Oficina nacional de electricidad y agua –ONEE) así como el
ministerio de sanidad, sospechoso de haber comprado un lote de vacunas
contestadas por un importe de 500 millones de DH.
En cuanto a las 16 comunas, la
mayoría de ellas, según una fuente próxima al expediente, son entidades que dependen
de las regiones de Rabat, Kenitra, Casablanca, Fez y Settat.
La noticia ha dado lugar a un gran alivio de los
marroquíes que esperan que un día puedan decir “que este país es de nosotros y
no de los que tienen más… o mandan más”.
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