Esglobal La oferta de Europa a una Gran Bretaña post Brexit Charles Grant


Fotolia. Autor: pichetw

Reino Unido ha votado a favor de dejar el club europeo. ¿Y ahora qué? He aquí tres modelos como alternativa a la pertenecía a la UE.
Una de las cosas más llamativas de esta campaña ha sido la falta de discusión sobre las diversas alternativas a la pertenencia a la UE. En Bruselas y otras capitales de la Unión, los responsables políticos han elaborado planes de contingencia en caso de la salida británica.
Lo más probable es que los socios de Reino Unido le ofrezcan tres posibilidades: el modelo noruego del Espacio Económico Europeo (EEE); el modelo canadiense de un acuerdo de libre comercio (ALC), y las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
La UE no quiere conceder a Gran Bretaña tratados bilaterales como los que tiene con Suiza, porque considera que el modelo suizo no funciona (en 2014, los suizos votaron en un referéndum contra la libre circulación de los trabajadores comunitarios, y es posible que, como consecuencia, pierda el acceso al libre mercado). Tampoco va a proponer el modelo turco, en el que el Reino Unido permanecería en la unión aduanera y tendría que adoptar los aranceles externos de la UE (los líderes de la Unión suponen que los británicos no querrían tener este modelo, que les quitaría la libertad de negociar sus propios acuerdos comerciales).
La mayoría de los economistas opina que, de los tres modelos propuestos, el noruego sería el menos perjudicial. Mantendría a Gran Bretaña apartada de las políticas agrarias y pesqueras de la UE, así como de su unión aduanera, pero dentro del mercado único. Es decir, debería obedecer las leyes del mercado único (incluidas las normas del mercado de trabajo), sin tener voz ni voto sobre ellas, hacer aportaciones sustanciales al presupuesto de la UE y aceptar la libre circulación de trabajadores. La Cámara de los Comunes, de mayoría europeísta, seguramente preferiría el EEE, igual que la City, porque el derecho de pasaporte, que permite a los bancos regulados en Londres hacer negocios en toda la UE, continuaría.
El parlamentario británico Owen Paterson, que ha apoyado el Brexit, el EEE le parece atractivo. Lo mismo opina el eurodiputado Daniel Hannan, aunque lo ve como un acuerdo provisional, para reducir al mínimo los trastornos mientras se negocia un ALC. Sin embargo, la obligación de aceptar la libre de circulación haría que a cualquier Gobierno británico post referéndum le fuera difícil seguir el ejemplo de Noruega.
La opción más probable es quizá el modelo de Canadá. El acuerdo de la UE con el país norteamericano -cuya negociación duró siete años y que aún no está ratificado- es el ALC más ambicioso que tiene. Cuando esté en vigor, eliminará muchos aranceles -no todos- sobre productos industriales y agrarios. Pero otorgará un acceso limitado al mercado único, y se mantendrán muchos obstáculos no arancelarios. Por ejemplo, los fabricantes de automóviles y productos químicos de Canadá necesitarán la aprobación regulatoria de las autoridades de la UE antes de poder exportar a Europa; las empresas canadienses en general tendrán acceso limitado a los contratos públicos europeos; y, dado que el acuerdo excluye la mayoría de los servicios financieros, los bancos canadienses necesitarán contar con una filial en la UE para poder hacer negocios aquí.
Boris Johnson, el partidario del Brexit más conocido, ha elogiado la opción canadiense. Otros defensores del ALC y él alegan que Gran Bretaña es tan importante que podría obtener un acuerdo en mejores condiciones que Canadá, sobre todo en el sector de los servicios. Es posible. No obstante, los socios de Reino Unido insisten categóricamente en que el precio del pleno acceso al mercado único serían las aportaciones al presupuesto comunitario y la libre circulación de trabajadores.
La tercera opción atrae a quienes no desean el engorro de una larga negociación comercial con la UE: el Reino Unido se convertiría en miembro de pleno derecho de la OMC. Ahora bien, esta opción no estaría completamente libre de inconvenientes: los británicos tendrían que proponer unos niveles arancelarios para cada artículo cubierto por las normas de la OMC y convencer a los 162 miembros de la organización para que los aceptaran. A partir de ese momento Gran Bretaña comerciaría con la UE en las mismas condiciones que países como Rusia y China. Las normas de la OMC establecen unos límites máximos a los aranceles industriales. Las exportaciones de automóviles británicos se encontrarían con el arancel externo común de la UE, el 10%. Los aranceles trastocarían las cadenas de suministro que unen en la actualidad a la economía británica y las del continente. Por otra parte, la OMC ha hecho muy poco por levantar las barreras no arancelarias al comercio de bienes y tanto las arancelarias como las no arancelarias al comercio de servicios.
A los economistas libertarios y partidarios del Brexit como Patrick Minford les gusta el modelo de la OMC. Permitiría al Reino Unido prescindir de más normas de la UE que las otras opciones, y reducir sus propios aranceles sobre productos agrarios e industriales a cero, como ha sugerido él, aunque no hubiera reciprocidad por parte de otros países. Lo que sí reconoce Minford es que esa situación acabaría con una gran parte del sector manufacturero británico. Un paso tan radical no parece políticamente factible.
La campaña por la salida ha dicho que el Reino Unido puede irse en función del artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, que prevé un procedimiento para ello, o conforme al artículo 48, que contempla una revisión de los tratados de la UE. Sin embargo, los socios de Gran Bretaña solo están dispuestos a negociar con arreglo al artículo 50. El proceso es complejo y no favorece al país que se marcha.
El artículo 50 prevé dos años para que el país que se va negocie la separación. Ese periodo puede ampliarse si están de acuerdo todos los Estados miembros. La opinión predominante en las capitales de la UE es que no debería prolongarse y que el Reino Unido tendría que marcharse al cumplirse los dos años. Los presidentes de la Comisión y el Consejo Europeo quieren que el acuerdo de divorcio sea un aspecto separado de un pacto sobre las relaciones comerciales futuras.
Este acuerdo de divorcio dividiría los compromisos sobre pensiones, las propiedades y otros activos, y abordaría las cuestiones presupuestarias. Se ocuparía de los derechos de los ciudadanos de la UE que residen en Reino Unido y viceversa. Dos años son suficientes: el artículo 50 establece que el Consejo de Ministros debe aprobar el pacto por mayoría, lo cual significa que ningún gobierno incómodo podría bloquearlo (aunque tendría que contar con el voto favorable del Parlamento Europeo y el Parlamento británico).
En cuanto a las negociaciones comerciales, la opción del EEE sería bastante sencilla, porque las normas y las instituciones ya existen (aunque el Reino Unido tendría que solicitar el ingreso en el AELC, el Acuerdo Europeo de Libre Comercio, que forma parte esencial del EEE). En cambio, la opción del ALC exigiría unas negociaciones complejas y detalladas que muy bien podrían durar cinco años o más. Cada uno de los 27 Estados miembros tendría poder de veto y algunos quizá convocarían referendos (como ocurrió hace poco en Holanda, que rechazó un ALC con Ucrania).
Reino Unido querría empezar a trabajar en el ALC y el acuerdo de divorcio al mismo tiempo, para ir más deprisa. En caso contrario, dicen fuentes oficiales, tal vez trataría de buscar compensaciones entre uno y otro, y eso complicaría el proceso; y, si regateara sobre el acuerdo comercial mientras todavía es miembro de la UE, tendría más fuerza que después. No obstante, es de suponer que los mejores amigos de los británicos en la Unión, como Irlanda y Holanda, apoyarán su deseo de simultaneidad.
Si las negociaciones se llevan a cabo una después de otra, la nube de incertidumbre que se cierne sobre la economía británica se prolongará. De hecho, aunque sean simultáneas, es posible que pasen varios años entre la marcha de la UE y la entrada en vigor del ALC. ¿Qué derechos tendrían las empresas británicas mientras tanto? Si prevaleciera la buena voluntad en todas las partes, podría darse a esas empresas un acceso provisional al mercado único, siempre que se mantuviera la libre circulación.
Pero la buena voluntad puede evaporarse con facilidad. El parlamentario Chris Grayling, destacado partidario del Brexit, dijo recientemente que, tras el referéndum, el Parlamento debería aprobar una serie de leyes para rechazar los fallos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), restringir la libre circulación y cambiar las reglas sobre el IVA. Si el Gobierno sigue su consejo y se planta ante los tratados mientras Gran Bretaña es todavía miembro, podía ocurrir que las empresas británicas queden excluidas del mercado único antes de salir de la UE.
Además del acuerdo de divorcio y las negociaciones comerciales, seguramente será necesario un tercer tipo de acuerdos relativos a la cooperación y la seguridad. Gran Bretaña querría conservar el acceso a las bases de datos de la UE que se utilizan contra los criminales y los terroristas, así como Europol y la orden de detención europea. A sus socios les interesaría permitir que siga participando en estas instituciones, pero no que tenga voz y voto sobre sus normas.
En todas estas negociaciones, los demás gobiernos de la UE se atendrán probablemente a dos principios claros. El primero, que, cuanto más dispuestos estén los británicos a aceptar la convergencia entre sus reglas y las de la Unión, y cuanto más dispuestos estén a aceptar la autoridad de las instituciones de la UE -desde los órganos reguladores hasta el TJUE-, más deprisa avanzarán las conversaciones. Y el segundo, que los demás países no querrán que el proceso parezca demasiado fácil, sencillo ni indoloro, para que a otros países -fuera o dentro de la UE- no les parezca atractivo el modelo británico.
Puede consultar el texto original en inglés aquí. Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia.

Comentarios