Esglobal Una salida para Libia Mattia Toaldo



Un hombre en Trípoli mira la cortina de humo que ha dejado la explosión de un depósito de gasolina cuasado por los enfrentamientos de las milicias en la ciudad. (AFP/Getty Images)
Un hombre en Trípoli mira la cortina de humo que ha dejado la explosión de un depósito de gasolina cuasado por los enfrentamientos de las milicias en la ciudad. (AFP/Getty Images)
He aquí los cuatro objetivos que importan más que el reconocimiento.
El 6 de noviembre, el Tribunal Supremo de Libia dictó que las elecciones parlamentarias celebradas este verano eran ilegítimas, con lo que una situación ya caótica pasó a ser mucho peor. La decisión pilló por sorpresa a la comunidad internacional, que no esperaba nada más que un fallo sobre la situación del Parlamento, que se instalara en Bengasi o permaneciera en Tobruk.
El dictamen dejó nula la enmienda al Artículo 11 del apartado 30 de la Declaración Constitucional, que estableció, la primavera pasada, la hoja de ruta de la transición libia y permitió la celebración de elecciones el 25 de junio de este año, con un amplio respaldo de los interlocutores internacionales y Naciones Unidas. De hecho, la Cámara de Representantes elegida en esa fecha y el Gobierno de Abdullah al Thinni, designado por los diputados, son las únicas instituciones libias reconocidas internacionalmente hasta el momento. Sin embargo, los grupos armados que se apoderaron de Trípoli en verano les obligaron a huir a Tobruk. Mientras tanto, los nuevos poderes en Trípoli restauraron el Congreso Nacional General (CNG), cuyos miembros eligieron a un primer ministro rival, Omar al Hasi. No obstante, ningún país ha reconocido todavía a su Gobierno, y varias de las principales instituciones de Libia, entre ellas el Tribunal Supremo, conservan su sede en Trípoli.
Al anular el plan establecido, que incluía las elecciones, el Tribunal Supremo eliminó la base legal para la existencia de la Cámara de Representantes y, de esa forma, situó a Estados Unidos y Europa ante un dilema: o rechazan el veredicto, alegan que se emitió bajo presiones de las milicias que controlan Trípoli y reiteran su reconocimiento de la Cámara de Representantes y el Gobierno de Al Thinni, o aceptan la decisión, que elimina el Parlamento instalado hoy en Tobruk, pero sin restablecer con claridad el CNG instalado en Trípoli.
En una declaración conjunta, Estados Unidos, Canadá y seis Estados miembros de la Unión Europea han dicho que están “estudiando atentamente la decisión del Tribunal Supremo, su contexto y sus consecuencias”, y destacan la necesidad de apoyar la mediación de la ONU para alcanzar un acuerdo político. En una declaración aparte, Egipto ha subrayado su “pleno respeto a la voluntad del pueblo, reflejada en las recientes elecciones en Libia”, y ha indicado en tono mesurado su rechazo al veredicto.
Los europeos no deben empantanerse en una discusión sobre la legalidad del veredicto y tampoco tiene mucho sentido discutir sobre cuál es el Ejecutivo legítimo en un país dividido. Hasta ahora, la Cámara de Representantes y el Gobierno de Al Thinni, instalados en Tobruk y Baida, han demostrado que son incapaces tanto de gobernar el país como de llegar a una solución de consenso. Una consecuencia del veredicto podría muy bien ser la partición de facto del país, con una Libia occidental dependiente del Gobierno de Trípoli (que ahora reivindica su legitimidad basándose en el fallo del Tribunal Supremo) y una Libia oriental en la que, de forma gradual, se construirían instituciones paralelas bajo la Administración de Tobruk.
Sin embargo, a pesar del fallo de la semana pasada, las prioridades de los europeos siguen siendo las mismas: un diálogo político con amplio respaldo de diferentes sectores libios, que permita la creación de un Gobierno de unidad nacional; un alto el fuego; la protección de la neutralidad de las principales instituciones libias y el retorno a la transición del país. Los medios para alcanzar estos objetivos en el contexto actual han cambiado, por supuesto, después del veredicto. En este sentido, los europeos podrían empezar a centrarse en cuatro aspectos que les permitan apoyar los esfuerzos de mediación de la ONU dirigidos por el enviado especial Bernardino León:
Un nuevo formato para la vía política
Tal y como insinuó León en una entrevista con El País. Los europeos podrían incluso acoger una reunión de “legisladores libios de buena voluntad” que, mediante consenso, elaborase una nueva hoja de ruta, seleccionara un Gobierno de unidad nacional y, mientras tanto, pudiera servir de órgano de transición con reconocimiento internacional. Unas elecciones apresuradas o una aprobación precipitada de la nueva Constitución podrían intensificar peligrosamente la violencia, como han demostrado las experiencias en Libia y otros países. Por el contrario, la prioridad debe ser lograr la inclusión y una gobernanza real.
Neutralidad de ciertas instituciones libias
En su entrevista con El País, León afirmó que, para él, preservar la neutralidad de ciertas instituciones libias es una “línea roja”. En concreto, mencionó la Empresa Nacional de Petróleo, el Banco Central y el fondo soberano. La resolución 2146 de la ONU autoriza a la comunidad internacional a comprar petróleo solo del Gobierno libio legítimo. En la actualidad, los ingresos del crudo van a parar a las tres instituciones mencionadas y, a falta de un Ejecutivo legítimo, es crucial que sigan siendo independientes. Debería estudiarse si, en caso de no haber esas garantías, sería posible hacer los pagos bajo supervisión internacional. El dinero estaría a disposición de las autoridades libias cuando se formara un Gobierno de unidad nacional; entre tanto, por supuesto, habría que seguir pagando salarios y subsidios para no contribuir aún más a la descomposición del Estado. Además, habría que incluir a la Asamblea Constituyente entre las instituciones cuya neutralidad debe preservarse.
No a la division del país
Se pueden tomar medidas para evitar la partición de facto, ante todo negando toda legitimidad e interacción con el mundo exterior a las instituciones paralelas creadas, ya sea en la parte oriental o la occidental.
Alto el fuego
Junto a la vía política, habría que conseguir el mayor número possible de cese de hostilidades locales y proporcionar garantías internacionales donde resulte creíble. La existencia de una vía política daría una imagen más positiva pero no sería suficiente para pacificar el país, y tampoco puede esperarse que los representantes políticos se responsabilicen de un alto el fuego de las milicias, entre ellas el que se conoce como Ejército Libio. Cualquier operación internacional de paz debería estar condicionada a la existencia de un Gobierno de unidad nacional.
Los europeos tienen varias oportunidades para empezar a trabajar a partir de estas posiciones y debatirlas en diversas reuniones que van a celebrarse en los próximos tiempos. El Consejo Europeo de Asuntos Exteriores podría empezar a preparar el terreno y en la conferencia internacional sobre Libia que se va a celebrar en España podría avanzarse en algunos puntos.

En este artículo, el autor desarrolla una discusión que tuvo lugar en el Grupo de Trabajo sobre Libia del CERE el 6 de noviembre.

Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia

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