América Latina es la región que registra más violencia
contra los activistas ambientales. Plantar cara a los emprendimientos
extractivos que ponen en riesgo los ecosistemas puede costar la vida,
sobre todo en países como Brasil, Colombia y Honduras.
Honduras
Con 12 asesinatos registrados en 2014 -son 111 desde 2002- Honduras
es, en realidad, el país más violento para los activistas ambientales si
atendemos al número de habitantes, y la situación ha empeorado
ostensiblemente en los últimos años. Según el informe de Global Witness
la violencia se recrudeció en el contexto de incertidumbre que siguió al
golpe militar de 2009. En esos momentos de confusión, el nuevo Gobierno
aprobó 49 proyectos hidroeléctricos y otorgó concesiones a 31 empresas
mineras; las comunidades locales se alzaron, en muchos casos, contra
estos proyectos, que les desplazan de sus territorios y ponen en riesgo
sus formas de vida. Quienes han osado plantar cara a esos
emprendimientos han recibido amenazas, algunos han sido agredidos y 14
personas han sido asesinadas. Honduras es el macabro ejemplo de cómo
arrecia la violencia allí donde “se puede contratar de forma barata a
asesinos y matones” que vigilan, amenazan y atacan a los activistas,
como denuncia el informe de Global Witness.
Otro de los aspectos que se repiten aquí es que el Estado hondureño
ha sido acusado por las comunidades de infringir sus propias normas al
otorgar licencias ambientales para proyectos hidroeléctricos en áreas
protegidas, lo que, además de poner en riesgo los ecosistemas, priva a
las comunidades del acceso a las fuentes de agua. Un caso ejemplar es el
de la indígena Berta Cáceres,
ganadora del Premio Goldman de Medio Ambiente en 2015 en reconocimiento
a la persecución sistemática que sufre por su oposición a la central
hidroeléctrica de Agua Zarca, sobre el río Gualcarque. Cáceres denuncia
un continuo hostigamiento y amenazas a sus familiares; ha visto ya cómo
varios de tres de sus compañeros de lucha eran asesinados.
El Gobierno hondureño no ha querido responder a las acusaciones del informe,
pero algo está claro: lo que los activistas ven como una amenaza, el
Ejecutivo lo propone como un avance: así, la intención del Estado de
atraer 4.000 millones de dólares (unos 3.500 millones de euros) en
inversiones mineras y la reciente liberación de 250.000 hectáreas de
tierra para nuevos proyectos mineros.
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