Una
activistas medioambiental en Brasil en una manifestación contra el plan
de construcción de la hidroeléctrica de Belo Monte. (Antonio
Scorza/AFP/Getty Images)
América Latina es la región que registra más violencia contra los activistas ambientales. Plantar cara a los emprendimientos extractivos que ponen en riesgo los ecosistemas puede costar la vida, sobre todo en países como Brasil, Colombia y Honduras.
¿Cuántos más? Es la inquietante pregunta que da nombre al último informe de Global Witness: la ONG ha contabilizado 116 activistas ambientales asesinados en 2014, un 20% más que el año anterior. Las industrias minera y extractiva (24 víctimas mortales), las presas hidroeléctricas (14), la agroindustria (14) y la tala de árboles (10 muertos) son los principales motivos de los conflictos ambientales que mantienen a miles de ciudadanos en pie de guerra. América Latina, con 87 muertos, es la región más peligrosa para quienes luchan por defender los ecosistemas de los territorios que habitan. Detrás de esas muertes están, según esta investigación, “los grandes terratenientes, los intereses empresariales, los actores políticos y los miembros de la delincuencia organizada”
Colombia
Las resistencias locales a los megaemprendimientos mineros e hidroeléctricos en Colombia han hecho frente a un creciente clima de violencia que sólo en 2014 se cobró 25 muertos. De ellos, 15 pertenecían a las comunidades indígenas; en términos generales, el 40% de los defensores del medio ambiente asesinados pertenecían a los pueblos originarios, según Global Witness.
El año 2015 no comenzó con mejores augurios. El 16 de abril, en las comunidades de Agua Bonita y Agua Clara, provincia del Cauca, seis indígenas de etnia nasa fueron asesinados. El argumento oficial es que son víctimas del fuego cruzado entre el Ejército y la guerrilla, pero la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) asegura que el Ejército y los paramilitares reprimen las resistencias contra la minería, que, creen los indígenas, está destruyendo sus tierras ancestrales. La ACIN lleva tiempo denunciado que dos grupos paramilitares, las Águilas Negras y Los Rastrojos, han amenazado de muerte a los activistas que se oponen a la megaminería, esa misma que sostiene la “locomotora minero-energética” con la que el presidente, Juan Manuel Santos, pretende impulsar la economía del país. El precio es el aumento de los conflictos ambientales: con 99 casos reportados por el Atlas de Justicia ambiental -un proyecto internacional encabezado por el profesor Joan Martínez Alier-, es uno de los países con mayor conflictividad social a causa del avance de las actividades extractivas.
“En Colombia, la violencia se asumió como parte del modelo de desarrollo económico: cada transformación significativa del modelo económico vino acompañada de un ciclo de violencia”, relata a esglobal el politólogo Carlos Medina Gallego. En el siglo XXI, ese modelo se corresponde con los emprendimientos mineros y energéticos vinculados a grandes multinacionales, además de con el agronegocio. En ese mismo sentido, el senador Iván Cepeda ha acusado al Gobierno de promover el acaparamiento y extranjerización de tierras a través de la concesión de licencias mineras y de lo que él llama una “contrarreforma agraria” que se apoya en el uso de la violencia y los desplazamientos. El informe de Global Witness sostiene que, si bien los autores de estos crímenes son en muchos casos desconocidos, en otros está documentada la complicidad estatal: diez muertes vinculadas a la acción de grupos paramilitares (en Colombia y Filipinas), ocho con la policía, cinco con la seguridad privada y tres con militares.
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